La Provincia asumió el control de los subsidios al transporte y dejó atrás el acuerdo con Nación
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó el cierre del convenio que mantenía con la Nación para la administración de los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de esta decisión, la gestión encabezada por Axel Kicillof tendrá a su cargo el esquema de compensaciones destinado a las líneas provinciales y municipales.
La medida fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que aprueba el acta firmada entre ambas jurisdicciones en marzo de este año y da por finalizadas las obligaciones contempladas en el acuerdo.
Un nuevo sistema para las líneas bonaerenses
El convenio, vigente desde fines de 2018, establecía que la Provincia definía la política de subsidios, mientras que el Gobierno nacional se encargaba de calcular y liquidar las compensaciones económicas a las empresas de transporte.
Con el nuevo escenario, la Provincia implementó un régimen propio para administrar esos fondos, reemplazando la asistencia técnica que hasta ahora brindaba la Nación.
Además, el cierre del acuerdo también implica que el Estado nacional deja de intervenir en cuestiones vinculadas al Atributo Social de la tarjeta SUBE, las comisiones del sistema y las compensaciones por combustible destinadas a las empresas del sector.
El nuevo régimen establece que las empresas de transporte deberán presentar rendiciones de cuentas cada cuatro meses, detallando cómo utilizan los subsidios recibidos.
Entre la documentación exigida deberán informar los montos percibidos, los gastos realizados para la prestación del servicio y presentar un informe elaborado por un profesional matriculado en Ciencias Económicas que certifique el uso de los recursos.
Además, el nuevo régimen contempla un sistema de sanciones para las empresas que no presenten la documentación requerida dentro de los plazos establecidos. En esos casos, la Provincia podrá retener inicialmente el 10% de las compensaciones económicas. Si el incumplimiento se mantiene durante 30 días, la retención ascenderá al 50%, mientras que, de extenderse por 60 días, se suspenderá el 100% de los subsidios hasta que la situación sea regularizada.