La Fiscalía Federal de Moreno presentó un amparo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de San Martín para que "cese el daño ambiental" en un extenso predio del Estado ubicado en la localidad de Cuartel V, el cual ya había sido objeto de numerosas investigaciones por posibles usurpaciones.
Cuartel V: amparo contra la contaminación de un vasto predio
El pedido es para que "cese el daño ambiental" en ese terreno de Cuartel V, que es propiedad del Estado nacional y presenta grandes basurales a cielo abierto.
El mismo está bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la VII Brigada de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y dentro de él conviven un aeropuerto que actualmente no está habilitado, pero que en un futuro aspira a tener uso civil, un helipuerto, parcelas afectadas al programa PROCREAR y otras en las que está previsto concretar una obra de infraestructura a cargo de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
El Ministerio Público asegura que allí existen distintos basurales a cielo abierto como consecuencia del vertido continuo e irregular de desechos por parte de personas vecinas, que ingresan por caminos precarios e irregulares, lo cual ha motivado al menos dos denuncias penales formuladas por las autoridades de la Base.
Al respecto, remarcó que la falta de control (apenas se cavaron algunas zanjas para evitar las entradas ilegales) facilitó que las tierras hayan sido ocupadas en reiteradas oportunidades y que los residuos se acumulen en sectores cercanos a la pista de aterrizaje, hoy en desuso.
Es por eso que sostienen la necesidad de instalar un dispositivo de control perimetral eficaz, bloquear los senderos de acceso y operación de vehículos, la reanudación inmediata de los trabajos de cercado, señalización y limpieza correspondientes y el aumento de la fiscalización municipal de las zonas afectadas.
El juez federal subrogante de Moreno, Adrián González Charvay, se declaró incompetente ante la demanda de la fiscalía pese a reconocer la problemática porque entendió que el proceso debía integrarse exclusivamente con el Municipio. Esto motivó a la apelación del fallo hace dos semanas, por lo que la Cámara Federal de San Martín será la que tenga la última palabra.