Este jueves, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en Argentina hasta el 31 de diciembre de 2025. La medida, que pasó al Senado, fue aprobada por 143 parlamentarios que dieron su voto positivo, 71 negativos y 3 abstenciones.
La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia en discapacidad: cómo sigue el proceso
La medida presentada por la oposición fue aprobado en Diputados con un total de 143 votos afirmativos, 71 en contra y 3 abstenciones.
La disposición tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, y establece una serie de medias legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer "demagogia" con las necesidades de un sector vulnerable. Además, dieron a entender que el presidente, Javier Milei, podría vetar la iniciativa junto con los proyectos para aumentar los haberes de las jubilaciones.
¿Qué establece la ley de emergencia en discapacidad?
La iniciativa fue impulsada por el diputado Daniel Arroyo, y busca reforzar las pensiones no contributivas por invalidez, que actualmente se ubica en $213 mil, que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos.
También propone fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901 y que en las últimas horas fue foco de reclamos por la falta de actualización en los valores que perciben los prestadores.
En este punto, se prevé una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al IPC (índice de precios al consumidor) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulado en ese mismo período.
El proyecto aprobado contempla también disposiciones específicas para los prestadores, incluyendo un régimen de regularización de deudas impositivas y de la seguridad social. Este régimen prevé la condonación de intereses, sanciones y multas, además de la posibilidad de refinanciar tanto planes de pago en curso como aquellos que hayan caducado.
Asimismo, se asegura el financiamiento necesario para el funcionamiento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y sus programas orientados a la salud, la accesibilidad, la inclusión y la promoción del modelo social de la discapacidad. A esto se suma el compromiso de asignar fondos para garantizar la aplicación efectiva de la Ley 26.816, que establece el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.