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La Matanza: comisión especial para reclamarle deudas a CABA

El dinero es en materia de las "tasas de servicios generales" de los cuatro barrios populares que el Gobierno porteño le "regaló" a La Matanza el año pasado.

El Concejo Deliberante de La Matanza aprobó durante la última sesión ordinaria la creación de una comisión especial que apunta directamente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el marco de la cesión sin cargo que le hizo de los barrios San Petersburgo, 17 de Marzo, 17 de Marzo bis y Puerta de Hierro el año pasado.

Este flamante espacio dentro del órgano legislativo local estará abocado al reclamo de deudas millonarias en materia de las "tasas de servicios generales" que pagaron los habitantes de esos cuatro vecindarios, ubicados en un radio de 58 hectáreas, antes de que pasen a pertenecer al dominio matancero.

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Sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de La Matanza.

Sesión ordinaria en el Concejo Deliberante de La Matanza.

Este monto ronda los 100 mil millones de pesos y también abarca los daños ambientales en los terrenos mencionados, cuyos límites son la Avenida Crovara al este, la calle José Ignacio Rucci en el sur y Peribebuy por el lado oeste y se encuentran en las inmediaciones de las vías del Belgrano Sur (entre las estaciones de Isidro Casanova y Justo Villegas).

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LA PERLA LARGO

Los mismos fueron originalmente del Estado nacional, donde en 1969, en la dictadura de Juan Carlos Onganía, se emplazaron varios asentamientos , pero en 1973 esas hectáreas se transfirieron al Instituto de la Vivienda de la entonces Municipalidad de Buenos Aires con el fin de ser utilizados con para distintos programas sociales de modernización y urbanización, algo que nunca se terminó de cumplir y quedó solo en lo transitorio y precario.

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Luego de que la Legislatura Porteña los traspasó en julio de 2022, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) de Buenos Aires firmó la escrituración de las villas a su favor para profundizar el proceso de mejora de las condiciones habitacionales de las 12 mil personas que allí viven, teniendo como primer paso la formalización de la regularización dominial.