Luego de dos años, este martes 16 de agosto al mediodía comenzarán las audiencias por el homicidio del joven Lucas Verón, victima de gatillo fácil en frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza en el Patio de las Américas de La Universidad Nacional de la Matanza. Lucas tenía 18 años cuando fue asesinado por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad del conurbano bonaerense González Catán, Partido de La Matanza. El juicio continuará el miércoles 17 de agosto a partir de las 9 horas.
La Matanza: Inicia el juicio por el asesinato de Lucas Verón
Hoy empieza el juicio por el homicidio del joven Lucas Verón en un caso de gatillo fácil en La Matanza.
Los imputados por el homicidio son dos policías, quienes enfrentan los cargos por “homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad”. También, por “tentativa de homicidio” del joven que acompañaba al joven Lucas.
Los hechos del homicidio de Lucas Verón
En la madrugada del 10 de julio de 2020, en el día de su 18º cumpleaños, Lucas Verón y su amigo Marcos iban en moto a comprar gaseosas a un quiosco del barrio Villa Scasso cuando comenzaron a ser perseguidos por un móvil del Comando de Prevención Comunitaria de González Catán (La Matanza), con las luces y sirenas apagadas. Mientras los perseguían, los policías efectuaron disparos.
En un momento de la persecución, el patrullero los embistió por detrás, los jóvenes cayeron al suelo e intentaron alejarse corriendo; el agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Ezequiel Benítez disparó al menos dos veces, una bala atravesó el pecho de Lucas y lo mató. Los policías huyeron del lugar sin dar aviso de los hechos.
Luego del ataque, funcionarios policiales intentaron desviar la investigación y ocultar lo que había pasado. Con el aval del fiscal Juan Pablo Tahtagian presente en la comisaría —que fue recusado y desplazado de la causa—, los mismos compañeros de fuerza de Benítez y Duarte tomaron declaraciones testimoniales a testigos del crimen en sede policial. Allí amenazaron a Marcos, que fue obligado a declarar que venían de robar, para justificar así la persecución policial. Todo sin la presencia de un defensor oficial o representante legal, ya que es menor de 18 años. Tanto el joven como su tío fueron encerrados de manera ilegal en calabozos policiales, el adulto esposado durante varias horas mientras lo amenazaban para que su sobrino se autoincrimine.
El rápido avance del tramo central de la causa no guarda relación con la otra parte del expediente que tramita en la Ayudantía Fiscal de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Fernando Amador López y María Julia Panzonni. A un mes del hecho, la I.P.P que investiga las maniobras de encubrimiento y la irregular e ilegal intervención de funcionarios policiales y judiciales sólo tiene las constancias y copias certificadas de las actuaciones producidas en la causa central y dos declaraciones testimoniales en la sede de la fiscalía.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Lucas y a Marcos, presentó una nota ante la Fiscalía General de La Matanza y pidió que se tomen las medidas necesarias para revertir esta situación y avanzar con ambas causas de manera asociada. “La íntima vinculación entre el hecho principal y las acciones posteriores de otros funcionarios que tendían a ocultar la verdad de lo ocurrido genera la necesidad de realizar un abordaje integral de las investigaciones de modo tal que permitan contextualizar los hechos”, se sostiene en el escrito.
El pedido de avanzar conjuntamente con los dos expedientes no sólo se justifica en la necesidad de abordar de manera integral el hecho, sino que obedece también a un precepto jurídico que debe garantizarse en los casos de graves violaciones a los derechos humanos: el cuidado de las víctimas y la obligación de no exponerlos a una revictimización innecesaria durante la tramitación del proceso judicial.
Cuando se cumplió el primer mes del homicidio, más de 250 personas acompañaron a familiares, amigos y amigas del joven que se movilizaron hacia la Fiscalía General de La Matanza para exigir justicia.
En esa oportunidad, la familia del joven y la CPM fueron recibidos por la fiscal general Patricia Ochoa, quien se comprometió a dotar de de recursos a la ayudantía fiscal de gravedad institucional para impulsar el expediente que tramita allí, en consonancia con lo avanzado en la causa por el homicidio de Lucas y la tentativa de homicidio de Marcos. Además, la comitiva se reunió con los fiscales que intervienen en cada uno de los expedientes.
Al mismo tiempo, la CPM reclamó que se inicie una investigación penal contra el fiscal Juan Pablo Tahtagian por su participación en la trama de encubrimiento. Cabe recordar, como se señaló, que Tahtagian no sólo permitió sino que avaló que, en las horas posteriores al hecho e incumpliendo la Resolución 1390, se tomen las primeras declaraciones a testigos en sede policial. El fiscal estaba en la comisaría mientras Marcos era hostigado y amenazado para que declare auto-incriminándose y mientras familiares de los jóvenes eran amedrentados. Por esa participación, fue recusado y desplazado de la causa a las pocas horas; hasta el momento, esa actuación sólo estaba siendo investigada administrativamente.
Por otro lado, un testigo importante para la causa, que aportó información valiosa para el esclarecimiento del hecho, fue detenido de manera poco clara cuando se dirigía de su casa al almacén de la esquina. Un patrullero, de la misma comisaría donde se montó el encubrimiento policial tras el asesinato de Lucas, se detuvo abruptamente, lo subieron y llevaron acusándolo de un robo que según su familia no cometió. La CPM interviene en el caso ocurrido hace pocos días.
Por último, durante la jornada, la Mesa de derechos humanos de La Matanza —que también participó de la jornada a un mes del asesinato del joven Lucas Verón— y la CPM pidieron a la Fiscalía General y al Procurador General de La Matanza la creación de una fiscalía especializada en violencia institucional, tal como lo establece la ley sancionada en 2015 y aún incumplida. Ante el aumento y la gravedad de los hechos de violencia estatal que vienen ocurriendo en los últimos meses, esta decisión postergada se hace cada vez más necesaria y urgente.