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Más de 14 mil familias se quedaron sin sus fuentes de trabajo por el cierre de salones de fiesta en el Conurbano

El anuncio de nuevas restricciones en el AMBA tensionó aún más la situación de los encargados de salones de fiesta. Estos lugares cerraron sus puertas en marzo del 2020 y llevan 14 meses sin actividad. El abogado Alejandro Sarubbi Benítez pasó por Mate Listo (Radio VEO de 11 a 12 horas) dónde contó como avanzan los amparos judiciales por este tema.

Los días y las semanas se transformaron en meses para los encargados de salones de fiesta que ya llevan más de un año sin actividad. Por esta razón se presentaron 92 titulares de salones de fiestas del Conurbano bonaerense, desde Moreno, Morón y Merlo a Vicente López para elevar un amparo judicial. Alejandro Sarubbi Benítez, abogado que los representa, charlo con Jimena Puñet en Mate Listo y criticó con dureza al gobierno. “Hay mucha gente que no está pudiendo comer al no poder trabajar”, aseguró.

A diferencia de otros rubros, como el de gastronómicos o el de comercios, los salones de fiesta llevan más de 14 meses sin poder abrir sus puertas. El año pasado, Viví el Oeste dio a conocer la situación de Faroland Eventos, un lugar histórico de San Antonio de Padua que debió cerrar tras dos décadas. “A algunos les propusieron que cambien de rubro cuando son pequeños empresarios que tienen muchos gastos”, reclamó Sarubbi Benítez.

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Los encargados de salones tampoco recibieron Planes ATP ni el REPRO para poder pagar los sueldos de los empleados. El abogado incluso reveló que es inviable la transformación de estos lugares para realizar otra actividad comercial por los altos costos que conllevaría esta decisión. Al estar cerrados desde marzo del 2020, llevan más de un año sin ingresos. “Los festejos y reuniones familiares se hacen igual pero no dejan trabajar a los salones que sí están preparados para recibir a la gente en ambientes controlados”, reclamó.

“El 65% de los salones de Provincia de Buenos Aires cerraron y más de 14 mil familias se quedaron sin trabajo”, aseguró Sarubbi Benítez. Según sus cálculos ya fueron más de 1000 los que debieron dejar la actividad. Por esa razón presentó un amparo judicial que busca declarar inconstitucional el DNU de Alberto Fernández y permitir el regreso a la actividad. De no lograrlo, pedirá que estos sectores reciban una importante ayuda estatal.