La Secretaría de Seguridad del Municipio de Moreno anunció que, a partir de los últimos días, comenzó a implementar un nuevo sistema que busca disuadir a los delincuentes y evitar la comisión de delitos en el casco céntrico de la localidad cabecera, el cual ya tiene vigencia en, por ejemplo, la ciudad de San Miguel de Tucumán.
En el centro de Moreno avisan por altoparlantes que los están filmando desde el COM
El objetivo es disuadir cualquier delito que pueda ser cometido en la zona céntrica de la ciudad mediante una advertencia directa del Centro de Monitoreo.
Se trata de la advertencia hacia los transeúntes de que están siendo filmados por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) municipal desde unos altoparlantes colocados junto a las cámaras instaladas en los puntos estratégicos: "Les recordamos que estamos vigilando la zona".
Este aviso ya se puede escuchar en las plazas San Martín y Mariano Moreno, entre otros sitios de alta concurrencia. "Permanecemos en contacto permanente con la Policía Bonaerense y ante una actitud sospechosa o delictiva damos aviso inmediato para reforzar la prevención y el orden en el espacio público", sentenció al respecto el Estado comunal.
Otra reciente decisión municipal para generar más seguridad
A finales del mes pasado, el Gobierno local fue autorizado por el Concejo Deliberante a derribar antiguos búnkeres narco por sí mismo gracias a la modificación los artículos número 40 (inciso C) y 48 de la ordenanza 5.640/16, que estipulaba la creación del Código de Faltas.
La nueva normativa avala la demolición de aquellos inmuebles utilizados previamente para cometer delitos, sumándola como opción junto a las de "construcción en violación a los parámetros urbanísticos" y "no ofrecimiento de un mínimo de seguridad a sus ocupantes o terceros", ya que esta posibilidad antes solo era posible con la intervención de Provincia o Nación.
Tal acción solo se podría concretar después de que un proceso judicial corrobore dicha finalidad del establecimiento o vivienda en cuestión, como por ejemplo el desalojo de una persona que se dedicaba a la venta, consumo o almacenamiento de estupefacientes en ese lugar tras la investigación correspondiente de las autoridades.