El Ministerio de Seguridad de la Nación comenzó en la mañana de ayer con el proceso de compactación de casi 2 mil autos, motos y camionetas en El Palomar, partido de Morón, que hayan sido secuestrados durante distintos operativos policiales en Buenos Aires. Estos fueron "donados" por el Gobierno provincial gracias a un convenio firmado en mayo pasado.
Morón: compactan casi 2 mil autos y camionetas en El Palomar
Comenzó la compactación de casi 2 mil autos y camionetas en El Palomar, partido de Morón, para generar dinero y donarlo a organizaciones sin fines de lucro.
La medida también se da en el marco del Programa de Descontaminación y Compactación de Vehículos (PRO.DE.CO), que busca generar insumos económicos y de reciclado con estas compresiones para luego "potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro" que se hayan anotado para recibirlos.
Fruto del acuerdo, la Provincia recibirá el 90% de ganancias del producto compactado (para luego distribuirse en asociaciones civiles bonaerenses) y el 10% restante será destinado a la Fiscalía del Estado a los efectos de hacer frente a posibles reclamos administrativos o judiciales que presenten los antiguos propietarios de los rodados.
La iniciativa aspira a ser una "respuesta ambiental y social" ante la acumulación constante de coches particulares que fueron incautados en distintos procedimientos de las fuerzas de seguridad provinciales, lo que deriva en "graves riesgos para la salud y el ambiente" por la contaminación que dejan, en este caso, en el Oeste.
A su vez, la resolución 542-2021 del Gobierno nacional establece que "la chatarra generada de la disposición y compactación de los rodados será entregada a la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Juan Pedro Garraham". Actualmente, el PRO.DE.CO se encuentra en su etapa final, según informó su director nacional, Jorge Abel Fernández.
El compromiso de Buenos Aires fue el de comunicar los lotes de vehículos a compactar e informar su ubicación, además de proveer las instalaciones para poder desarrollar el programa y asumir las responsabilidades judiciales del proceso ante potenciales quejas de sus antiguos dueños.