La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) anunció que el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial de Morón dispuso la clausura de la Comisaría Segunda del partido de Hurlingham, ubicada en la localidad de Villa Tesei, debido las malas condiciones de sus celdas.
Clausuraron una comisaría del Oeste por no reunir condiciones mínimas de habitabilidad
La Justicia de Morón prohibió alojar gente en la seccional de la Policía Bonaerense hasta que los calabozos "reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad".
La medida fue firmada por el Doctor Marcelo Manso y también prohíbe alojar personas en la seccional de la Policía Bonaerense situada sobre la Avenida Gobernador Vergara al 2.300, entre las calles La Patria y General Pedro Díaz, hasta tanto los calabozos sean acondicionados de manera tal que "reúnan los estándares mínimos de habitabilidad".
Puntualmente, la decisión obedece a la falta de provisión de agua caliente y la reparación de ciertas aberturas, inconvenientes denunciados en un habeas corpus que también señaló "la no atención médica a los detenidos con problemas de salud" y describió las "condiciones inhumanas" en las que estaban sometidos.
Las otras claves de la clausura de la Comisaría Segunda de Hurlingham
"Algunos debían dormir en el piso sobre colchones húmedos y no se les permitió el ingreso de frazadas. Además, detectaron el uso de una celda de castigo sin agua y con una estructura ruinosa y una alimentación insuficiente que obligaba a racionar la comida los fines de semana", sentenciaron al respecto desde el organismo público.
A su vez, revelaron que el magistrado interventor constató que había 21 presos en cuatro calabozos con cinco en cada uno: "Todos confirmaron que solo cuentan con agua fría y deben calentarla en una pava eléctrica para higienizarse. Otra de las cuestiones relevadas tiene que ver con el pago de dinero a los efectivos para permitir que las familias ingresen alimentos y los malos tratos en requisas vejatorias".
Como consecuencia, el juez resolvió que se traslade a los reclusos a cárceles y que se les realice un informe médico, sumado a la remisión de una copia de las entrevistas realizadas a la una fiscalía para que investigue la posible comisión de ilícitos por parte de la los funcionarios de seguridad.