Gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y el Sistema de Protección Online contra Crímenes por Internet hacia Niños (ICACCOPS, por sus siglas en inglés), se pudo desbaratar, en los últimos días, una organización de alcance internacional que compartía pornografía infantil y tenía sede en tres partidos del Oeste: Moreno, Morón y La Matanza.
Oeste: cayó una mega organización de pornografía infantil
La asociación ilícita tenía miembros en tres partidos del Oeste y se estima que la cantidad de víctimas sería de 51. Hubo un total de 18 detenciones.
La operación se llamó "Protección a las Infancias I", que detectó la tenencia de material de abuso sexual a menores de edad, su posible producción y el acoso en línea (conocido comúnmente como "grooming") y identificó a un total de 18 hombres de entre 18 y 82 años.
Todos ellos quedaron detenidos e imputados por violación a los artículos 128 y 131 del Código Penal y en detrimento de unos 51 nenes, nenas y adolescentes, mientras que los allanamientos fueron 99 distribuidos en 71 localidades bonaerenses pertenecientes a los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate-Campana, además de los citados.
A su vez, los policías de la División de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming secuestraron más de 600 dispositivos de almacenamiento, alrededor de 230 celulares, cinco armas de fuego y algunos otros elementos de interés, tales como una camioneta blanca.
El ICACCOPS es una plataforma de origen estadounidense que es utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de las víctimas, la cual ya había colaborado con diversos organismos de la Justicia argentina en operaciones realizadas a nivel nacional e internacional. La causa está a cargo de la Doctora Eleonora Weingast y bajo la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, titulada por Francisco Pont Verges.