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Allanaron una sede política de San Justo por extorsiones a beneficiarios de planes sociales

Se trata de una agrupación peronista de San Justo en el marco de la causa contra dirigentes políticos. Ya se había inspeccionado un departamento en Ciudadela.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo durante las últimas horas una serie de allanamientos en el marco de una causa que investiga la presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales por parte de organizaciones piqueteras, siendo uno de ellos a una sede política de la localidad de San Justo, cabecera del partido de La Matanza.

El operativo tuvo lugar sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 2.600, entre Juan Florio y Monseñor José Francisco Marcón y a una cuadra y media de la Plaza General San Martín, en un edificio que funciona como el búnker de una agrupación peronista local.

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Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos en San Justo, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y Malvinas Argentinas.

Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos en San Justo, Guernica, Tristán Suárez, Ingeniero Budge, Sarandí, Rafael Calzada, Pablo Nogués, Maquinista Savio y Malvinas Argentinas.

El mismo se realizó por orden de la Secretaría Penal número 7 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de los doctores Diego Arce y Ariel Lijo, respectivamente, a poco más de un mes de otro que también aconteció en el Oeste, cuando inspeccionaron un departamento de la ciudad tresfebrerense de Ciudadela situado en Eduardo Porrini al 30.

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LA PERLA LARGO

La causa que derivó en los allanamientos en el Oeste

Estas medidas se tomaron en el marco de la causa la supuesta coacción a personas que perciben programas de asistencia gubernamentales por parte de integrantes de diversas agrupaciones militantes que fueron denunciadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que los obligarían a asistir en marchas y manifestaciones públicas.

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La acusación proviene de unos llamados recibidos en la línea 134, que fue creada especialmente para las potenciales víctimas de estos delitos. De momento, los sospechosos son más de 20 y la instrucción está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.

"Todo el material probatorio será analizado por la Justicia para lograr determinar a los responsables de lucrar con los que menos tienen", aseguraron al respecto desde el Gobierno argentino en relación a los allanamientos recientemente concretados.