La empresa estatal Trenes Argentinos Infraestructura realizó hace algunos días la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la licitación pública para reconstruir la terminal bonaerense del Tren Urquiza ubicada en el partido de San Miguel, cuyo primer descubrimiento se llevó a cabo el mes pasado.
Reconstruir la estación Lemos de San Miguel saldría entre 4 y 5 mil millones de pesos
La obra para transformar integralmente la terminal bonaerense del Tren Urquiza mantiene cuatro competidores por el contrato que financiará el Gobierno nacional.
Cabe recordar que, pese a que la línea está concesionada desde 1993 a la compañía Metrovías Sociedad Anónima (SA), la obra que va a ser financiada en su totalidad por el Gobierno nacional y el motivo principal de su concreción es los "problemas de infraestructura" que adolece la estación General Lemos.
Tales dificultades se deben al "desgaste superficial de los andenes, los defectos constructivos en los elementos que la componen e inconvenientes en el hormigón", entre otros aspectos detallados en los pliegos a los que tuvo acceso este medio y que necesitan ser atendidos en el marco de la "emergencia ferroviaria".
Los trabajos poseen un plazo estimado de 540 jornadas corridas (es decir, alrededor de un año y medio) e implican la refacción del material resistente de las plataformas, la adecuación de los accesos y la creación de uno nuevo en el lado sur que solamente se utilizará en casos de urgencia para el tránsito peatonal.
Cuánto saldría reconstruir la terminal del Tren Urquiza
De acuerdo al documento oficial, las cuatro propuestas técnicas de las firmas interesadas fueron declaradas admisibles por las autoridades gubernamentales y por eso continúan en carrera para quedarse con el contrato: las SA Insa y Centro Construcciones, la sociedad de responsabilidad limitada (SRL) Estilo Quarzo y la unión transitoria (UTE) de Ilubaires y TECMA.
A su vez, el monto que ofrecen para hacerse cargo de la intervención oscila entre los 4 y los 5 mil millones de pesos, por lo que ese podría ser el costo que tendría que afrontar el Estado argentino si avanza con la adjudicación del proceso.