El Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad Nacional
Tras el rechazo en el Congreso Nacional a cinco decretos delegados, el Gobierno nacional dio marcha atrás este miércoles con los cambios que había anunciado sobre Vialidad Nacional, el INTI, el INTA y en su intento de limitar el derecho a huelga.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo el DNU 627/2025 y 628/2025 con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.
"Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos", indica los DNU 627 y 628. También se incluyó la restitución de "las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585, del 14 de agosto".
El rechazo del Congreso a los DNU
Los cinco decretos delegados que fueron rechazados por el Congreso a fines de agosto, implicaban cambios en el régimen laboral de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores de la economía considerados esenciales o estratégicos; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo; así como una serie de modificaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y entidades culturales.
La restitución de las normas previas a los decretos delegados ahora dados de baja se estableció con el fin "de no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa", justificó el Gobierno.