La División de Lavados de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó durante la mañana de ayer una serie de cooperativas del Oeste que están siendo investigadas por la Justicia debido al giro de alrededor de 5 mil millones de pesos por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Allanaron múltiples cooperativas del Oeste por supuestas transferencias irregulares
La Justicia investiga el giro de $5 mil millones para la confección de 1.500.000 guardapolvos en entidades de Isidro Casanova, Laferrere, Haedo y San Justo.
Estas entidades se ubican en las localidades de Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere y San Justo, dentro del partido de La Matanza, y Haedo, al este del municipio de Morón, y presuntamente recibieron ese dinero de las arcas públicas para confeccionar un total de 1.500.000 guardapolvos en la gestión del Gobierno anterior.
Sin embargo, la Fiscalía número 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional detectó que la mayoría de ellas no poseían la capacidad operativa, los recursos humanos, la logística ni el espacio edilicio para la fabricación de las prendas y estableció que, en varios casos, no se había efectuado la compra de materia prima para la entrega de la indumentaria escolar en cuestión.
Con la información obtenida de la pesquisa, la Secretaría N°22 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de los doctores María Laura Charnis y Julián Ercolini, respectivamente, ordenó 33 operativos en las provincias de Buenos Aires, Misiones y Entre Ríos.
Las inspecciones en el Oeste y los decomisos
Como resultado, los detectives secuestraron una gran cantidad de documentación de interés vinculada con la causa en las mencionadas ciudades de la región, aunque también hicieron lo propio en las de Matheu, La Plata, Berisso, Los Hornos, José C. Paz, Los Toldos y Tandil dentro del territorio bonaerense.
Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor bajo un expediente caratulado "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".