Buscan prohibir el uso de celulares en cárceles bonaerenses con la "Ley Rodrigo"
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presentó en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires un proyecto titulado como "Ley Rodrigo", que propone prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses y establecer un sistema de comunicaciones controladas para las personas privadas de la libertad.
La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial Oscar Liberman y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. El proyecto toma su nombre en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, cuyo caso generó gran repercusión tras conocerse que había sido víctima de una extorsión telefónica organizada desde una cárcel bonaerense.
Según la investigación judicial, el delito habría sido coordinado desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena, donde se encontraba alojada parte de la organización que llevó adelante la maniobra.
Qué plantea el proyecto de ley
La propuesta legislativa plantea eliminar el protocolo que actualmente regula el uso de celulares en cárceles, una normativa que se implementó en 2020 durante la pandemia para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.
En su lugar, el proyecto propone modificar la Ley de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires para que las personas detenidas solo puedan realizar llamadas a través de teléfonos controlados por el Servicio Penitenciario.
De acuerdo con la iniciativa, cada interno podría comunicarse hasta dos horas por día y únicamente con cinco contactos previamente autorizados, que deberán figurar en un listado presentado por el propio detenido y aprobado por las autoridades penitenciarias. Además, esas comunicaciones estarían sujetas a supervisión para garantizar la seguridad del establecimiento y la protección de las víctimas.
El texto también contempla que, si se detecta un uso indebido de las comunicaciones, la autoridad penitenciaria podrá solicitar a un juez la suspensión o restricción temporal de las llamadas.
Controles y entrega de dispositivos
Otro de los puntos centrales del proyecto es la implementación de medidas tecnológicas para impedir el funcionamiento de celulares dentro de los pabellones, como la instalación de inhibidores de señal y sistemas de detección de dispositivos móviles.
Además, se propone reforzar los controles dentro de las unidades penitenciarias mediante requisas periódicas y acciones preventivas para evitar el ingreso de elementos prohibidos.
La iniciativa también establece un procedimiento para la entrega de los teléfonos que actualmente estén en poder de los internos. Según el proyecto, una vez sancionada la ley, el Servicio Penitenciario deberá notificar a los detenidos para que entreguen sus celulares en un plazo de 24 horas. Esos dispositivos podrían ser retirados por familiares luego de seis meses, mientras que aquellos que no estén registrados serían destruidos en un acto público.
Al presentar la propuesta, Liberman señaló que uno de los objetivos principales es evitar que desde las cárceles se continúen cometiendo delitos. "Hoy muchos delincuentes siguen organizando estafas, extorsiones y robos desde prisión utilizando celulares y acceso a internet. Las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de operaciones del delito", sostuvo el legislador.